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El catalán continúa lejos de ser habitual en los juzgados, pero la abogacía catalana insiste en que su presencia no puede depender de la voluntad ni de las circunstancias. Este ha sido el mensaje central de la XVII Jornada sobre el uso del catalán en la justicia, celebrada este martes en el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona y organizada por el Consell de l’Advocacia Catalana, que ha reunido a unas sesenta personas profesionales del derecho.
Bajo el lema “Parlar català és un dret, no una provocació”, la jornada ha puesto el foco en las dificultades persistentes para utilizar el catalán en el ámbito judicial y en la necesidad de pasar de la reivindicación a la práctica efectiva.
El acto ha sido inaugurado por el decano del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, David Rocamora; el presidente de la Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau; y el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana y decano del Col·legi d’Advocats de Vic, Rogeli Montoliu. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, participó mediante un mensaje grabado en vídeo.
Durante la sesión se compartieron estrategias concretas para sostener el uso del catalán ante los tribunales, en una mesa con los abogados Josep Canício y Apel·les Carod Rovira, que pusieron sobre la mesa herramientas jurídicas y experiencias reales para hacer valer los derechos lingüísticos en sala.
La jornada también quiso trasladarse al terreno práctico con una segunda mesa que reunió diferentes perfiles del mundo jurídico. La jueza Laia Roca, la procuradora Montserrat Vellvé, el notario Juan Enrique Costa y el abogado Roger Baiges coincidieron en que la normalización del catalán depende, en gran parte, de la práctica diaria y de la coordinación entre profesionales.
En las conclusiones, el presidente de la Jove Advocacia Catalana, Jon Rodríguez, subrayó el papel de las nuevas generaciones para consolidar este cambio y reivindicó una justicia que garantice plenamente los derechos lingüísticos.
Desde el Consell de l’Advocacia Catalana se remarca que el catalán en la justicia no puede ser percibido como un elemento excepcional ni conflictivo, sino como un derecho reconocido que debe hacerse efectivo con normalidad.
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