íLa Advocacia Catalana alerta de que los cambios en las plantillas judiciales pueden comprometer el funcionamiento de la Justicia

El Consell de l’Advocacia Catalana pide al Govern que cualquier modificación de las plantillas tenga en cuenta su impacto en el servicio público de Justicia

El Pleno del Consell de l’Advocacia Catalana ha acordado trasladar al Govern de la Generalitat su preocupación por los efectos que los actuales cambios en las plantillas de los órganos judiciales pueden tener sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia y, en consecuencia, sobre el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva.

El posicionamiento de la Abogacía Catalana responde a la preocupación ante el impacto que los procesos de reorganización de las plantillas pueden tener en un servicio público esencial. Estos cambios se producen en el marco de los procesos de estabilización previstos por la normativa para reducir la temporalidad en el empleo público, en respuesta a la jurisprudencia europea sobre esta materia.

Al mismo tiempo, coinciden con la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia y del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, uno de los procesos de transformación más importantes que ha vivido la Justicia en las últimas décadas. En este contexto, el Consell considera especialmente necesario garantizar que los cambios organizativos no afecten al funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales.

La Administración de Justicia, un servicio público esencial

Ante esta situación, el Consell ha dirigido una carta a la secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, Alicia Corral, en la que pide que cualquier decisión que afecte a las plantillas judiciales tenga en cuenta las consecuencias que puede comportar sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre la calidad del servicio público de Justicia.

En el escrito, el Consell recuerda que «la Administración de Justicia constituye un servicio público esencial» y señala que su correcto funcionamiento depende no solo de disponer de recursos humanos suficientes, sino también de preservar la experiencia y el conocimiento de los profesionales que desarrollan su labor diaria en los órganos judiciales.

En este sentido, la carta advierte de que «la experiencia acumulada y el conocimiento especializado del personal representan un activo imprescindible para garantizar la eficiencia y la calidad del servicio público».

El Consell alerta de que, en un momento de profunda transformación de la organización judicial, una renovación masiva de las plantillas sin una planificación adecuada podría repercutir en la gestión ordinaria de los procedimientos, las notificaciones, los señalamientos, las ejecuciones y otras actuaciones procesales. Una situación que podría afectar directamente tanto a los profesionales de la abogacía como a la ciudadanía.

Planificación y coordinación institucional

La Abogacía Catalana recuerda que la abogacía es uno de los principales usuarios del servicio público de Justicia y que cualquier incidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales tiene una repercusión directa en el ejercicio del derecho de defensa y en la efectividad de la tutela judicial.

Por este motivo, el Consell considera imprescindible que los procesos de reorganización de las plantillas se lleven a cabo con la máxima planificación y coordinación institucional y garantizando en todo momento la continuidad del servicio.

Finalmente, la Abogacía Catalana manifiesta su disposición a colaborar con las administraciones competentes para analizar la situación y contribuir a encontrar las soluciones más adecuadas.

Con este objetivo, el Consell ha solicitado una reunión con la secretaria de Administración y Función Pública, Alicia Corral, para abordar esta cuestión y estudiar alternativas que permitan compatibilizar la aplicación de las medidas derivadas de los procesos de estabilización con la garantía de un servicio público de Justicia eficiente, estable y de calidad. Lean la nota orriginal aquí. 

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